Valdecañas

El complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas es un cúmulo de irregularidades, ilegalidades y de insostenibilidad ambiental y social.

El complejo se ha construido sobre un terreno clasificado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Interés Comunitario (LIC) e incluido en la red de espacios protegidos europeos denominada Natura 2000. A pesar de esta clasificación, que obliga a la conservación de sus valores naturales, la Junta de Extremadura aprobó en 2007 el Proyecto de Interés Regional (PIR) por el que se recalificaban los terrenos para construir un complejo turístico de lujo. En el 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ante sendas denuncias de ADENEX y de Ecologistas en Acción, sentenciaba la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior. En enero de 2014 el Tribunal Supremo ratificó esa sentencia.

Declarado ilegal, el proyecto, ejecutado ya en más de un 50%, incumple también el Estudio de Impacto Ambiental. En la Declaración de Impacto Ambiental no se evaluaron alternativas como exige la legislación. Pero además incumple la condición esencial por la que fue declarado PIR que era la construcción de un Hotel Medical-Spa, en su lugar se construirán apartamentos.

Ilegal según los tribunales e irregular al incumplir la propia normativa que lo aprobó, más grave aún es la insostenibilidad ambiental de este proyecto. Ambientalmente ha supuesto la transformación de una zona incluida en un espacio natural protegido en una urbanización privada, mientras que los estudios realizados demuestran que 13 de las 14 especies representadas en la zona han disminuido su población, algunas de forma dramática, como es el caso de tres de los patos más representativos en Valdecañas durante el invierno: el ánade friso, el silbón europeo y el azulón cuya población se ha dividido por 13, 116 y 11 respectivamente, comparando los datos de 2003-2005 con la actualidad.

Socialmente el complejo Marina Isla Valdecañas es un ejemplo de urbanismo segregacionista que ha privatizado un suelo público al que ya no se permite entrar. Es una muestra de lo que se denomina ciudades de muros que privatizan el uso del suelo para una minoría, excluyendo el contacto con el resto de la población, con el que solo se mantienen relaciones de forma muy limitada: los escasos empleados del complejo o las raras visitas a algún pueblo de los alrededores. En este sentido son significativas las declaraciones leídas en la prensa de que en la misa de algún pueblo cercano se ha visto algún famoso, como el hijo de Aznar, y que en ocasiones el dinero del cepillo de misa ha aumentado. Da la impresión de que nos encontramos ante una versión de “Los Santos Inocentes” actualizada a la segunda década del siglo XXI.

Laboralmente la incidencia del complejo en el entorno ha sido mínima y cuando finalice la construcción será aún menor. El desempleo ha seguido aumentando en la comarca y en los pueblos más próximos.

Mientras, la Junta de Extremadura ha ido aprobando nuevas normas para, con piruetas legales, intentar legalizar el complejo y alegar la imposibilidad de ejecutar la sentencia; y los promotores del proyecto han presentado un preconcurso de acreedores. Unos y otros patrocinan un curso de verano que pone a este proyecto ilegal como ejemplo de aprovechamiento turístico. Todo con el objetivo de quebrantar el Estado de Derecho y la constitución que obliga a cumplir con las sentencias de los jueces y tribunales, quizás porque piensan que la justicia es como las serpientes que solo muerden a los descalzos.

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