En la reunión del Consejo extremeño de caza del 17 de septiembre de 2020 estas organizaciones han solicitado la suspensión de la media veda para las próximas dos temporadas, que se acabe con la práctica extendida de incluir fincas en los cotos sin autorización y/o conocimiento de sus propietarios. También han pedido que se permita acceder a ciudadanos y asociaciones interesadas a las ayudas que se dan para la recuperación de tórtola, codorniz, perdiz y conejo, en la actualidad se quejan de que sólo pueden solicitarlo los cotos y los resultados no son nada positivos.

También tras los graves incendios de este verano han pedido que no se cace en las zonas incendiadas.

Las nueve asociaciones ecologistas más importantes de Extremadura, ADENEX, AMUS, ANSER, DEMA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN EXTREMADURA, ECOLOGISTAS EXTREMADURA, GRUS, SEO/BIRDLIFE Y SOCIEDAD EXTREMEÑA DE ZOOLOGÍA, representadas en el Consejo Extremeño de Caza, participaron con un representante, el pasado jueves en la reunión de dicho órgano llevada a cabo en Badajoz, junto a otros veintitrés representantes de entidades públicas y privadas de la región; en ella presentaron las propuestas consensuadas entre todas, que fueron previamente enviadas para ser incluidas en el orden del día. Aunque dichas propuestas se incluyeron para ser tratadas sólo como ruegos y preguntas, lo cierto es que pudieron debatirse, aunque en un ambiente no todo lo productivo que sería deseable, opinan.

Se habló de la situación de al menos dos especies cuyo estatus poblacional es muy preocupante; la codorniz (con una reducción poblacional según estudios científicos rigurosos de un 61%) y la tórtola europea, que países tan importantes como Francia han prohibido su caza. El representante de los ecologistas, pidió en base a un dictamen del comité científico del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), que propuso catalogarla como especie “Vulnerable”, que se prohíba su caza y haya una moratoria de al menos dos años para la media veda que fué creada para poder cazar estas dos especies migratorias.

El sector cinegético y la Junta pretenden cumplir con la obligación europea de conservar la tórtola bajando unos pocos días hábiles de caza y el cupo de aves abatidas (de 7 a 5 por cazador y día) en vez de atender a las demandas de las ONGs sobre moratoria temporal de varios años, como se acaba de aprobar en Francia.

Se planteó igualmente que la gestión de estas especies, como amenazadas, y como integrantes de la naturaleza que son, deben depender del Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Junta, y no de los relacionados con la caza, que no tiene competencias en conservación. Las ONGs ambientales creen además que sus asociaciones y ciudadanos particulares deberían poder participar en proyectos de conservación de las especies de caza menor en regresión que sufren la presión de la caza, en la misma medida que las entidades cinegéticas, cuyo interés no es el de la conservación del medioambiente de una forma correcta, sino fundamentalmente incrementar las poblaciones para ser cazadas, aunque con resultados muy malos sobre todo en especies de caza menor, cuyas poblaciones no dejan de descender. El argumento de las asociaciones conservacionistas es que donde mejor se pueden recuperar estas especies (lo cual es fácilmente comprobable en muchos territorios sin actividad cinegética) es en zonas donde no se caza y que además son la base de la alimentación de varias especies en peligro de extinción.

En este sentido también se preguntó, si la Junta dispone de censos de las especies catalogadas como “cinegéticas”, o de algún tipo de índices de abundancia, para tomar decisiones para cupos o moratorias de caza de especies en las que se detecten descensos poblacionales preocupantes. Los únicos, según los responsables de la Junta de Extremadura presentes, los datos de piezas abatidas presentados por la Federación de Caza, cotos, etc. A ese respecto, las asociaciones ecologistas plantearon que esos no son datos fiables, ya que son presentados por una parte interesada por lo cual carecen del rigor científico necesario. Los censos o análisis de la situación poblacional de las especies afectadas creen que deberían ser realizados por organismos públicos o por profesionales o empresas especializadas e independientes.

Otra cuestión polémica fué la petición de las ONGs respecto a que se impida que fincas privadas estén incluidas en cotos de las sociedades locales de cazadores sin permiso de sus propietarios. Aunque los representantes públicos argumentaron que se informa a los propietarios de dicha inclusión, al menos en los tablones de anuncios de los ayuntamientos, lo que las organizaciones ecologistas ponen en duda y en todo caso les parece insuficiente, les parece el colmo que además la administración cobre una tasa a los propietarios que desean que no se cace en su finca privada de un coto y permaneciendo además dentro del coto. En opinión de los ecologistas, en todo caso debería ser, al contrario, deberían pagar los cazadores para incluir -solo con la autorización por escrito de los propietarios- una propiedad privada en un coto “social” (porque solo es social para su sociedad de cazadores, no para la sociedad de toda la ciudadanía, la cual mayoritariamente no participa de la caza).

Finalmente, los ecologistas solicitaron que los terrenos afectados por incendios forestales sean declaradas zonas con prohibición temporal para cazar, para evitar con ello las quemas intencionadas con la intención de facilitar la actividad cinegética. En este sentido la oposición del sector de la caza fue de nuevo intenso, aunque los responsables administrativos reconocieron que en otras autonomías se ha legislado en el sentido planteado por el representante de las ONGs ambientales. Señalaron también los ecologistas, que quizás por las necesidades de la vigilancia contra incendios, o por causas que se les escapan, lo cierto es que han detectado una muy escasa vigilancia de agentes del medio natural en la media veda, para la cual han pedido una mayor intensidad en este sentido si perseveran en seguir cazando en este periodo, aunque confían que el ejecutivo recapacite y se suspenda la media veda al menos dos años.

Las asociaciones conservacionistas expresaron su malestar ante la nula atención a sus peticiones en pasadas reuniones del Consejo Extremeño de Caza y espera se atiendan mejor las planteadas en esta ocasión, consideran que su representación es demasiado escasa de 24 participantes solo uno lo es de las ONGs ambientales, pese a la importante repercusión de la actividad cinegética en el medio ambiente.

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, ADENEX, se ha reunido con el presidente de la Junta de Extremadura, quien había solicitado un encuentro con la organización tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, TSJEx, sobre Valdecañas, conocido la semana pasada. La reunión ha tenido lugar el miércoles 8 de julio en la sede de Presidencia. ADENEX ha trasladado a Guillermo Fernández Vara su intención de recurrir el auto del TSJEx. Además, la organización quiere participar activamente en la recuperación del espacio natural de Valdecañas, más allá de tener un mero papel de observador como establece el tribunal. En este punto, coincide con la propuesta del presidente de la Junta de una participación más activa de las organizaciones ecologistas implicadas en este asunto.

Guillermo Fernández Vara se ha comprometido a enviar a ADENEX en las próximas semanas un documento con la propuesta de recuperación de Valdecañas, en los términos que establece el auto, para que la organización haga sus aportaciones. ADENEX quiere mejorar las indicaciones del TSJEx de recuperación de este espacio natural, que considera insuficientes en algunos aspectos, como en lo relativo al campo de golf, una de las instalaciones construidas más contaminantes, así como en el cumplimiento de los términos que en su día estableció la declaración de impacto ambiental del complejo de Valdecañas y que, a juico de ADENEX, no se están llevando a cabo. El presidente de la Junta ha transmitido a la organización que, en principio, la Junta no pone límites a estas mejoras, siempre que sean asumibles económicamente por la administración.

En cualquier caso, la solución que finalmente se adopte, más allá de lo establecido por el TSJEx en su auto de ejecución, no solo ha de servir de ejemplo para que no se repita una actuación como esta, sino que además de restaurarse y prevenirse el daño del mantenimiento del complejo, se deben compensar, por mandato legal, los daños causados por su construcción y la expulsión “de facto” de la isla de Valdecañas de la Red Natura 2000.

- Ecologistas en Acción y ADENEX expresan su indignación por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el que decide mantener todos los edificios terminados de la urbanización ilegal Marina de Valdecañas.

- Conviene recordar que se trata de un caso palmario de incumplimiento de la normativa ambiental y urbanística, en el que todas las sentencias de las diferentes instancias judiciales han venido confirmando la ilegalidad de la urbanización y el papel negligente de la administración local y extremeña.

- Por tanto, esta sentencia, que será recurrida por los grupos ecologistas, supone asumir una tremenda ilegalidad por la vía de los hechos consumados.

Hace ya más de doce años que dos organizaciones ecologistas, ADENEX y Ecologistas en Acción de Extremadura, iniciaron un proceso administrativo y judicial en contra de una urbanización, Marina Isla de Valdecañas, en plena zona Red Natura 2000, un espacio (teóricamente) protegido y no urbanizable.

Resulta difícil encontrar un caso tan rotundo de vulneración de la legislación ambiental y urbanística. Por ello, es indignante e incomprensible en un verdadero Estado de Derecho la sentencia que se acaba de hacer pública. Así, el fallo contradice abiertamente el resultado de la prueba pericial que realizó la Estación Biológica de Doñana, que afirmaba claramente que el impacto del mantenimiento de la urbanización es muy superior al de su demolición.

Tampoco, como se afirma, existe imposibilidad material de ejecutar la sentencia. Puede ser difícil o costoso, pero desde luego no resulta imposible.

Con esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura viene a asumir que la política de hechos consumados funciona en España. Igual que a este Tribunal le faltó valor para ejecutar unas medidas cautelares que paralizaran la obra en sus principios, ahora le ha faltado ese mismo coraje jurídico para sentenciar la única solución válida en derecho, y ha acordado lo que pretendían conseguir tanto la Junta de Extremadura como los propietarios de esta urbanización ilegal.

Por todos estos motivos, las organizaciones ecologistas, que en ningún caso pidieron una indemnización económica sino la restauración de la legalidad, recurrirán esta sentencia.

Las organizaciones demandantes, ADENEX y Ecologistas en Acción de Extremadura, han sido sometidas a una tremenda presión mediática y política cuando su único afán era defender la legalidad y el medio ambiente extremeño. Pero, si se hubiera atendido a las peticiones de las organizaciones ambientales desde el primer momento, nos habríamos ahorrado una gran cantidad de problemas y fondos públicos.

Y, en el otro lado, estaba la vergonzosa acción de los diferentes administradores y responsables políticos, verdaderos responsables de este fiasco en connivencia con los promotores urbanísticos. Un caso como el de Marina Isla de Valdecañas en cualquier lugar democrático habría provocar dimisiones y la petición de disculpas de los responsables políticos a toda la sociedad extremeña.

Además del daño económico provocado, la acción de los políticos extremeños ha sido absolutamente irresponsable al diseminar el mensaje falaz de que el medio ambiente es un freno a nuestro desarrollo, cuando en realidad un desarrollo sostenible y justo solo puede partir de un medio ambiente sano y biodiverso.

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Más información:

Ángel García Calle (Ecologistas en Acción de Extremadura): 627 04 49 85.
Francisco Parras (ADENEX) Tlf. 659 77 95 22.
Mª Ángeles López Lax (abogada de ADENEX): 609 20 30 99
José María Trillo (abogado de Ecologistas en Acción): 607 478 499.

Voluntarios y voluntarias de ADENEX, Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, están inmersos durante los últimos meses en la Campaña de salvamento y conservación de los aguiluchos cenizos en Extremadura. Actualmente la Junta de Extremadura se hace responsable de la campaña a través de la Dirección General de Sostenibilidad y el GEA (Grupo Extremeño de Aguiluchos), en cuyo equipo se ha integrado ADENEX para hacer el seguimiento de la reproducción de esta especie en los términos municipales de la provincia de Badajoz: Mérida, Calamonte, Arroyo de San Serván, Mirandilla, El Carrascalejo, Aljucén, La Nava de Santiago, La Roca de la Sierra, Lobón, Montijo, Puebla de la Calzada, La Garrovilla, Esparragalejo, Los Canchales y el P. N. de Cornalvo. Esta campaña no se llevaba a cabo en el entorno de Mérida y Vegas Bajas desde 2012.

Hasta el momento, se han marcado diez nidos, que estas aves realizan en el suelo, para que las cosechadoras no los arrasen en plena época de cría, que coincide con la recolección del cereal. Los seis voluntarios de ADENEX que participan en este proyecto continúan trabajando en este marcaje puesto que la campaña cerealista aún no ha terminado en Extremadura. Tras esta labor, procederán al anillamiento de los pollos y el seguimiento de los nidos hasta que los aguiluchos cenizos completen su temporada de cría.

Muchos ciudadanos habrán visto alguna vez en los medios de comunicación o directamente en el campo la terrible imagen de un nido de aguilucho cenizo delante de la cosechadora. Estas bellas aves se encuentran en una profunda regresión, siendo cada vez más difícil verlas campear y disfrutar de sus vuelos acrobáticos, por los territorios que desde hace milenios dominaban. Es importante mencionar que se trata de una especie migratoria y adaptada a recorrer grandes distancias volando desde el contingente europeo, donde se reproduce, y el África Subsahariana, donde inverna. El aguilucho cenizo (Circus pygargus), se encuentra incluido en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura con la figura de Sensible a la Alteración de su Hábitat, figura que abala su protección en el territorio regional.

Son muchas las amenazas que acechan a esta especie, y desde ADENEX no queremos dejar pasar la oportunidad, de al menos, citarlas con el objetivo de darlas a conocer y alentar con ello a una mayor sensibilidad y empatía con los aguiluchos cenizos en nuestra región. Quizás la más graves de las amenazas para la especie y que causa muchas de las muertes anuales, sea la inevitable y comprensible, mecanización del campo. Este hecho seguido del uso cada vez más frecuentes variedades tempranas de cereal, está llevando al adelanto de la época de cosecha, hasta el punto que no les da tiempo a los aguiluchos a que puedan sacar su descendencia sin riesgos. Otra de las amenazas que persiguen a esta especie es el acusado uso de plaguicidas y fitosanitarios, hecho que está reduciendo la disposición de presas y, por tanto, alimento para la especie y su prole.

Le consta que algunas localidades utilizan glifosato y han emprendido podas en época de cría de aves.

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, ADENEX, pide a los ayuntamientos de la comunidad que actúen con responsabilidad en la gestión de los parques y jardines municipales. Extiende esta responsabilidad también a las diputaciones en el mantenimiento de carreteras. En este sentido, ADENEX pide a las administraciones públicas que no empleen glifosato ni herbicidas químicos en la eliminación de plantas “no deseadas” en sus espacios verdes. La Organización Mundial para la Salud, OMS, califica al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, basándose en una fuerte evidencia de que es cancerígeno para los animales.

También se sospecha que tiene efectos negativos en los sistemas reproductor e inmunológico, entre otros. Además de en nuestra salud, el uso de glifosato y herbicidas químicos tiene graves impactos en el medio ambiente, puesto que contamina los suelos y el agua y afecta a otros seres vivos a los que en principio no se quiere combatir pero que se convierten en “daños colaterales”. Aún así, ADENEX ha constatado que ayuntamientos que se han declarado libres de glifosatos, lo están empleando en sus trabajos de jardinería.

Por estos motivos, ADENEX ha iniciado una campaña de información a los ayuntamientos con mayor población y extensión de la región, así como a todos aquellos donde posee delegación, además de a ambas diputaciones, sobre los efectos nocivos del uso del glifosato. Les ha aportado consejos y sugerencias para prácticas sostenibles en parques, jardines y márgenes de carreteras, con tratamientos alternativos, eficaces y respetuosos con el medio ambiente.

Por otro lado, la organización también ha tenido noticias del inicio de trabajos de poda de árboles en parques y jardines municipales. ADENEX recuerda a estos ayuntamientos que estamos en plena temporada de cría de todas las aves y que las podas suponen la pérdida de nidadas. Además, hay que recordar que las aves insectívoras están protegidas por ley. Cabe recalcar que son muchos los pájaros que anidan en los árboles de pueblos y ciudades, desde gorriones, a carboneros, herrerillos, mirlos o jilgueros, entre otros, que aportan un sonido de naturaleza en estos espacios urbanos y contribuyen al disfrute ciudadano con su canto y avistamiento. Además, cumplen una importante función en el mantenimiento a raya de insectos que pueden resultar molestos para el ser humano.

Extremadura, en esta desescalada, tiene por delante la emergencia sanitaria, pero una vez en ello no puede dar la espalda al cambio climático tan íntimamente relacionados, también en lo económico. Y lo puede hacer como oportunidad de transición energética local y territorial.

Desde ADENEX proponen como oportunidad de empleo y de iniciativas innovadoras tanto en las instalaciones solares como en proyectos de ahorro y eficiencia energética, desde las edificaciones bioclimáticas a un urbanismo no despilfarrador.

Hasta ahora el territorio se está ocupando mayoritariamente con energía fotovoltaica dando prioridad a empresas del monopolio eléctrico, así como con plantas de solar térmica que hoy están en manos de fondos buitre en paraísos fiscales europeos. Pero si queremos un desarrollo endógeno que permita que jóvenes formados puedan quedarse en la región, que pymes se especialicen en sectores relacionados con la transición energética y que haya una fiscalidad que se quede en la región acorde con lo invertido, debemos cambiar el rumbo.

Y resulta que el marco europeo nos lo permite, a través de la directiva relativa al mercado interior de la electricidad, que la legislación española debe trasponer. En ella se recogen dos modelos que para Extremadura según su reparto poblacional supondría un enorme potencial (el noventa por ciento de los municipios tiene una población inferior a cinco mil habitantes y con 15 ciudades de tamaño medio).

Por una parte se define la Comunidad Local de Energia (CLE) como “una asociación, cooperativa, sociedad, organización sin afán de lucro u otra entidad jurídica que esté controlada por accionistas o miembros locales, generalmente orientada al valor más que a la rentabilidad, dedicada a la generación distribuida y a la realización de actividades de un gestor de red de distribución, suministrador o agregador a nivel local…”. Es decir, que a cada ciudadano se le permita participar directamente tanto en la producción, como en el consumo y en el reparto de la energía.

Por otra parte se define, como : “una entidad jurídica de participación voluntaria y abierta que esté efectivamente controlada por los accionistas o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, que su objetivo principal sea ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o en la localidad en la que se desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera”. Una comunidad puede participar por tanto en la generación de energía procedente de fuentes renovables, pero también de la distribución, la agregación y el almacenamiento de la energía.
Y lo que es mas importante dadas las características territoriales de Extremadura, la directiva establece que el gestor de distribución, en nuestro caso Edesa e Iberdrola, coopere, a cambio de una compensación justa con las comunidades ciudadanas de energía para así facilitar transferencia de electricidad entre estas. Cuando hay una comunidad en el escenario de consumo de red se reducen en un 40% los costes, dado el número de horas de funcionamiento en nuestras latitudes. ¿Por qué no lo permitimos?

Todo un reto de transformación sustentable, (económica, social y ecológica) que puede hacer que las poblaciones mas pequeñas de Extremadura se autogeneren, ahorren y que las ciudades medianas compartan generación de demanda y urbanismo de calidad.

No se trata solo del autoconsumo, sino de un autoconsumo compartido, donde el ahorro y la eficiencia son claves para un territorio muy extenso y con baja densidad de población. En este modelo el papel de los municipios es muy importante (comarcalizados mucho mejor) pero también de todo el tejido productivo de cada zona, articulados en torno a una energía menos devoradora. Toda una nueva reestructuración hospitalaria y de cuidados debe beneficiarse fácilmente de este ahorro energético. Ya hay ejemplos pioneros en marcha en distintas comunidades autónomas y también en la vecina Portugal.

Para ADENEX, en la situación regional actual presupuestaria, la región debe en lo energético, dotarse de planes que sean capaces de acoger subsidios para invertirlos en soluciones de futuro. En definitiva que la reciente reducción de determinados plazos administrativos sirva para la participación de los ciudadanos, y la implicación de todos los actores “locales” y profesionales articulados en torno a una energía descentralizada.