El 25 de enero se ha celebrado una reunión extraordinaria del Consejo Extremeño de Caza donde se ha analizado y realizado aportaciones a un borrador de propuesta de reglamentación de la caza al salto, a ella ha asistido un representante de las asociaciones relacionadas con la defensa de la naturaleza de Extremadura.

En relación al proyecto de orden de la caza al salto recibida el representante ha rechazado la propuesta en los actuales términos haciendo observaciones y ha transmitiendo su preocupación por bastantes aspectos de la propuesta, la mayoría ya se habían expresado por escrito y en reunión previa del grupo de trabajo para la reforma del reglamento de la ley de caza y les sorprende que no se haya incluido ninguna de sus propuestas.

Desde estas organizaciones no están de acuerdo con que esta nueva modalidad vaya a servir para mejorar el control poblacional del jabalí, y más bien consideran que puede ser contraproducente, si aumenta la alimentación suplementaria, teniendo en cuenta la adaptabilidad del jabalí que aumenta las camadas y adelanta su reproducción en respuesta la mayor presión cinegética, por este motivo solicitan que no se permitan sueltas de jabalí de granjas cinegéticas en Extremadura y que no se permita la alimentación suplementaria, muy habitual especialmente en período estival, que está provocando, afirman, poblaciones por encima de la capacidad de carga del medio y daños a los ecosistemas y a la agricultura.

La instalación de parques termosolares en el término municipal de Fregenal fue anunciada en 2019 con proyectos como el presentado por la empresa Asoleo Techos Solares Naranja S. L. Con posterioridad, una filial de la multinacional anunció una de sus instalaciones en nuestro pueblo. Si tenemos en cuenta la situación de desempleo crónico de la comarca, es comprensible que el anuncio de una de las empresas, relacionado con la demanda de entre 75 y 100 puestos de trabajo durante el período de construcción, haya generado las correspondientes expectativas en la localidad, tanto en la corporación municipal como en la ciudadanía.

La situación de paro crónico en Extremadura, con las consecuencias de despoblación creciente – se han perdido 60.000 habitantes en la última década en un censo que a duras penas llega al millón de habitantes- nos hace entender el interés que estos proyectos suscitan, pues la situación de “demotanasia” de la región, donde las bajas tasas de natalidad y el envejecimiento amenazan con una conversión del territorio en desierto demográfico, no pueden conducirnos a contemplar las propuestas que demandan empleo con frivolidad. Del mismo modo, la perentoria necesidad de repensar el modelo energético para luchar contra las emisiones de CO2 causantes del Calentamiento Global, hace más que necesaria la apuesta por energías renovables (termosolar, fotovoltaica y maremotriz).

Cerrados total o parcialmente desde marzo de 2019, los equipamientos de educación ambiental (EA) y unos 20.000 profesionales vinculados al sector, nos enfrentamos a una situación económicamente precaria, y a la preocupación de que el trabajo de más de 40 años luchando por generar contextos de aprendizaje vinculados al medio ambiente, pueda desaparecer.
Somos un colectivo constituido principalmente por pequeñas empresas, situadas en espacios protegidos o bien en lugares de interés natural, rural y urbano: aulas de naturaleza, granjas escuela, aulas del mar, centros de interpretación, etc. Toda esta red de equipamientos suponen una herramienta esencial con la que llevar a cabo el necesario enfoque de la sociedad hacia una verdadera transición ecológica, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los equipamientos de EA somos un aliado fundamental del sistema educativo y los agentes sociales, ya que trabajamos con centros escolares y universitarios, familias, mayores, asociaciones, empresas, y administraciones.

Desde que se declaró el estado de alarma han sido suspendidas la mayor parte de las reservas de todos los colectivos. No sabemos el alcance que esto puede tener a lo largo del tiempo, pero nuestra situación es dramática. Nos hemos visto en la necesidad de hacer ERTES, para al menos proteger en parte los sueldos de los equipos humanos que trabajan en nuestros centros, pero los gastos fijos de mantenimiento son ineludibles. Venimos desde hace años intentando superar la crisis de 2007, y la mayoría tenemos préstamos y créditos que afrontar.

Voluntarios/as de Adenex, desarrollando su habitual labor de custodia del territorio, encontraron el domingo 17 de enero de 2021 en el entorno del río Ortigas, término municipal de Don Benito (Badajoz), un ejemplar muerto de lince ibérico, en este caso un cachorro de pocos meses. Inmediatamente se dio parte al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y a responsables del Programa Iberlince, que actuaron en consecuencia. Por ahora, y a falta de la correspondiente autopsia, se desconocen las causas de la muerte pero dada la posición del cadáver y la juventud del ejemplar da la impresión de que éstas no fueron naturales.

Adenex destaca que el fatal hallazgo se hizo en un espacio natural protegido por la Red Natura 2000; ocurriendo además en una zona considerada por el Plan de Recuperación del Lince ibérico de la Junta de Extremadura como un “área crítica” para la reproducción de este amenazado felino. Lo que la convierte en una de las más importantes de Europa.

Adenex lamenta, y denuncia una vez más, que este área sufre frecuentes, continuas y constantes agresiones por el tránsito no autorizado de decenas de vehículos a motor de “tipo deportivo” y con fines de ocio tales como quads, motocicletas todo terreno y automóviles todo terreno. A su juicio estas prácticas suponen un grave atentado contra la Naturaleza; ya que genera un gran y grave impacto ambiental hacia la flora, la fauna y el paisaje; y en especial sobre el lince ibérico. La realización de estas actividades parecen incumplir de manera fehaciente las normas legales de protección de la biodiversidad y del medio natural, sean estas de rango nacional, autonómico y/o local. Sin que se perciba que las Administraciones Públicas competentes en la materia realicen acción alguna de tipo preventivo y/o punitivo que las evite.