Hace 10 años, el 11 de marzo, un gran tsunami, que no era el primero, golpeó las costas japonesas con una violencia inusitada. Y la catástrofe continúa hoy en día, en uno de los países más ricos y avanzados tecnológicamente del mundo, en un país donde la industria nuclear nunca aceptó que algo así pudiera ocurrir. La inundación de los seis reactores nucleares de la central de Fukushima-Daiichi inutilizó los generadores de emergencia de la central y llevó a que se produjeran tres fusiones nucleares, un accidente en todo igual al ocurrido en Chernóbil 25 años antes, y también catalogado con el máximo posible. Ni los generadores ni la inyección de agua de mar garantizaron el enfriamiento necesario. En el núcleo del reactor, el hidrógeno en forma explosiva hizo volar el techo de la central y de todo el edificio de contención, y de forma similar en los otros reactores.
La contaminación radiactiva llegó al mar (concentraciones de cesio y radio) contaminando la flora y fauna marítima. Incluso el atún capturado en esa época en la costa de California tenía niveles indescriptibles de radiactividad. El día de hoy, diez años después del accidente, la contaminación aún no está confinada, a pesar del gobierno japonés, intenta que las personas vuelvan a sus lugares contaminados y que se eliminen los dosímetros de los lugares públicos que señalen altos niveles radiológicos.
Los colectivos y asociaciones ecologistas de Extremadura celebran el voto a favor del lobo que la Junta de Extremadura ha dado en la votación del pasado 4 de febrero en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que han participado todas las comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica y se ha acordado incluir al cánido en el Listado de Especies de especies silvestres con protección especial, lo que implica que la especie dejará de ser cinegética en todo el territorio nacional.
Las asociaciones firmantes muestran su conformidad a esta actuación de la Junta de Extremadura con respecto a lobo ibérico que parece pudiera ser el inicio a un futuro plan de recuperación de la especie en nuestra región, protegiendo el lobo en todo el territorio nacional facilitaría considerablemente la recolonización del lobo por el norte de la región.
Sin embargo, muestran su decepción porque la representación extremeña se haya abstenido en la votación para declarar la tórtola europea como especie vulnerable y la oportunidad perdida para evitar una grave sanción europea, ahora más próxima.
Respecto a la tórtola europea, tras un doble empate en la votación que Extremadura debería haber desempatado, afirman que atendiendo a los dictámenes científicos y los requerimientos de Europa el Ministerio debería declararla especie vulnerable y que de esta forma se evite una sanción de Europa protegiéndola de las amenazas que sufre y les parece insuficiente una simple moratoria de su caza de 5 años, porque llega 5 años tarde, creen que además se debe actuar de forma decidida sobre el resto de causas de la acusada disminución de las poblaciones de tórtola europea, en especial en el ámbito agrario, donde la eliminación de linderos, barbechos y cultivos tradicionales, junto con el abuso de químicos están aniquilando a la especie.
Este comunicado es apoyado por las ongs ambientales ADENEX, AMUS, ANSER, DEMA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN EXTREMADURA, ECOLOGISTAS EXTREMADURA, EL SABIO MUDO, GRUS, SEO/BIRDLIFE Y SOCIEDAD EXTREMEÑA DE ZOOLOGÍA.
El 25 de enero se ha celebrado una reunión extraordinaria del Consejo Extremeño de Caza donde se ha analizado y realizado aportaciones a un borrador de propuesta de reglamentación de la caza al salto, a ella ha asistido un representante de las asociaciones relacionadas con la defensa de la naturaleza de Extremadura.
En relación al proyecto de orden de la caza al salto recibida el representante ha rechazado la propuesta en los actuales términos haciendo observaciones y ha transmitiendo su preocupación por bastantes aspectos de la propuesta, la mayoría ya se habían expresado por escrito y en reunión previa del grupo de trabajo para la reforma del reglamento de la ley de caza y les sorprende que no se haya incluido ninguna de sus propuestas.
Desde estas organizaciones no están de acuerdo con que esta nueva modalidad vaya a servir para mejorar el control poblacional del jabalí, y más bien consideran que puede ser contraproducente, si aumenta la alimentación suplementaria, teniendo en cuenta la adaptabilidad del jabalí que aumenta las camadas y adelanta su reproducción en respuesta la mayor presión cinegética, por este motivo solicitan que no se permitan sueltas de jabalí de granjas cinegéticas en Extremadura y que no se permita la alimentación suplementaria, muy habitual especialmente en período estival, que está provocando, afirman, poblaciones por encima de la capacidad de carga del medio y daños a los ecosistemas y a la agricultura.
“Los colectivos y asociaciones ecologistas de Extremadura muestran su preocupación respecto al proyecto de la mina de litio de “Las Navas” proyectada en el término municipal de Cañaveral (Cáceres)”.
Las asociaciones firmantes muestran su disconformidad respecto a la actuación de la Junta de Extremadura que parece estar poniendo todas las facilidades a la empresa promotora Lithium Iberia para dar viabilidad a un proyecto con impactos ambientales severos. Las noticias aparecidas recientemente en la prensa son preocupantes, ya que la empresa está presionando a la Junta de Extremadura para que la tramitación del proyecto sea “a la carta” y lo más rápida posible, lo que conllevaría graves deficiencias e impactos críticos para los ecosistemas de toda la zona. El anuncio de que la explotación de la mina se realizaría en parte a cielo abierto durante 6 años implica unos efectos aún más perjudiciales sobre el medio ambiente generando una gran cicatriz en el paisaje de la comarca.
Los datos aparecidos respecto al empleo son tendenciosos e irreales, ya que en ningún caso crearía en la zona más que un puñado de empleos no especializados, ya que una explotación de este tipo precisa trabajadores cualificados que vendrían de otros territorios, y además gran parte de las tareas de extracción están muy mecanizadas por lo que la repercusión directa sobre el empleo en la zona será escasa. Por el contrario, la mina en fase de explotación podría ocasionar graves consecuencias de contaminación de las aguas y sobre las explotaciones agropecuarias de toda la Comarca de las Vegas del río Alagón que son el auténtico motor de empleo estable de la zona.
Existe una gran preocupación por los impactos que dicha mina tendría sobre los ecosistemas de los pueblos de Cañaveral, Grimaldo, Pedroso de Acím, Holguera o Torrejoncillo, así como por sus efectos contaminantes en los cauces que podrían acabar vertiéndose a la cuenca del río Alagón y del Tajo.
La ubicación del proyecto es un área de alta sensibilidad ambiental, a caballo entre la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, el propio Parque Nacional y los espacios de la Red Natura 2000 que se encuentran en sus proximidades que son de gran relevancia internacional debido a la presencia de numerosas especies y hábitats protegidos.
Cerrados total o parcialmente desde marzo de 2019, los equipamientos de educación ambiental (EA) y unos 20.000 profesionales vinculados al sector, nos enfrentamos a una situación económicamente precaria, y a la preocupación de que el trabajo de más de 40 años luchando por generar contextos de aprendizaje vinculados al medio ambiente, pueda desaparecer.
Somos un colectivo constituido principalmente por pequeñas empresas, situadas en espacios protegidos o bien en lugares de interés natural, rural y urbano: aulas de naturaleza, granjas escuela, aulas del mar, centros de interpretación, etc. Toda esta red de equipamientos suponen una herramienta esencial con la que llevar a cabo el necesario enfoque de la sociedad hacia una verdadera transición ecológica, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los equipamientos de EA somos un aliado fundamental del sistema educativo y los agentes sociales, ya que trabajamos con centros escolares y universitarios, familias, mayores, asociaciones, empresas, y administraciones.
Desde que se declaró el estado de alarma han sido suspendidas la mayor parte de las reservas de todos los colectivos. No sabemos el alcance que esto puede tener a lo largo del tiempo, pero nuestra situación es dramática. Nos hemos visto en la necesidad de hacer ERTES, para al menos proteger en parte los sueldos de los equipos humanos que trabajan en nuestros centros, pero los gastos fijos de mantenimiento son ineludibles. Venimos desde hace años intentando superar la crisis de 2007, y la mayoría tenemos préstamos y créditos que afrontar.
